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Editores musicales y entidades de gestión colectiva opinan sobre los futuros consent decrees en USA.

Asociación Colombiana de Editoras de Música

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Patricia Muñiz de la Oliva    Gestión Colectiva / EGC Internacional

El 28 de octubre de 2019, los tres grandes editores musicales de EEUU y algunos de los mayores independientes mandaron una carta al Departamento de Justicia (Department of Justice –DOJ-), que actualmente revisa los consent decrees que regulan la actividad de las entidades de gestión colectiva ASCAP y BMI, afirmando estar de acuerdo con la Asociación Nacional de Editores Musicales (NMPA) para retener la gestión de algunos derechos. Sin embargo, y en sentido contrario, ASCAP sugiere no sólo el poder gestionar el derecho de comunicación pública sino también el derecho de reproducción mecánica.

En el proceso de revisión que se está haciendo actualmente de los consent decrees que regulan la actividad de licenciamiento de ASCAP y BMI e instaurados en su momento para evitar una potencial conducta anticompetitiva, todas las partes implicadas en el lado editorial y autoral están de acuerdo en que la renovación permitirá obtener una rentabilidad por las licencias basada en unos precios más ajustados al libre mercado. Sin embargo discrepan en varios aspectos.

El primero de ellos se trata de la posibilidad de excluir de la gestión por parte de las entidades de gestión colectiva del derecho de comunicación pública para los servicios de puesta a disposición en línea (posibilidad permitida en la UE gracias a la Directiva 2014/26/UE) situación que tras un procedimiento judicial quedó resuelta, mediante la fijación de una interpretación de los consent decrees vigentes que permite un licenciamiento fraccionado del uso de las obras musicales. Los editores quieren que esta posibilidad se siga manteniendo en los nuevos consent decrees, pero las entidades de gestión BMI y ASCAP opinan que dicha posibilidad creará mucha controversia y puede abocar a soluciones perjudiciales para editores y autores, como podría ser la obligación de conceder licencias completas.

El segundo se trata de las licencias del derecho de reproducción mecánica. Las entidades de gestión quieren poder gestionar este derecho, y licenciarlo al tiempo que licencian el derecho de comunicación pública, como hacen entidades de gestión europeas, pero los editores no contemplan esta posibilidad.

Finalmente y como se ha mencionado anteriormente, las entidades de gestión se temen que estas discrepancias puedan llevar a que esta modalidad de explotación se licencie a través de compulsory license, lo que sería muy perjudicial para los autores y editores. La Music Modernization Act aprobada en el mes de abril del año pasado establece que cualquier cambio en los consent decrees o su eliminación debe ser notificado al Congreso, donde intervendrían lobbies de agentes de la industria que presionarán para que se regule a través de compulsory license, que como ya indicó recientemente el Instituto Autor, son un tipo de licencias que pueden afectar a los beneficios de los creadores ya que entre otras circunstancias su poder de negociación se reduce.

FuentesComplete Music UpdateBillboard, Instituto Autor (Expira el plazo de apelación del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre el caso de los consent decrees), (EE.UU.: Autores y artistas presentan un amicus curiae apoyando la decisión del Copyright Royalty Board sobre las tarifas de reproducción de música en streaming), (El Comité Jurídico del Senado de EEUU ha aprobado por unanimidad la Music Modernization Act), Departamento de Justicia de los Estados Unidos (Antitrust Consent Decree Review – ASCAP y BMI 2019), Consent Decree BMIConsent Decree ASCAP

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